Juristas y profesionales creen que los nuevos algoritmos de dispensación reducen la igualdad de acceso a los fármacos y que la norma, cauta en la redacción, debilita a la botica en la negociación con la Administración.
Por B. García Suárez | beatriz.garcia@correofarmaceutico.com
José Antonio Puchades (Sindicato Libre de Farmacéuticos), Vicente Payá (empresarial de oficinas de farmacia Farval), Mª Teresa Guardiola y Juan Salmerón (ambos de COF de Valencia). (Foto de CF)
Limitaciones a la libertad de prescripción del médico y la equidad de acceso a los tratamientos y competencia desleal a la farmacia en el suministro directo a pacientes. Son los puntos débiles que profesionales y juristas detectan en el Decreto 2/2013 de Valencia, que fija, entre otros aspectos, la concertación individual y la dispensación directa. Empresariales y los COF anuncian buscar apoyos para recurrir ante el Tribunal Constitucional el texto que busca ahorrar 300 millones.
La creación de los algoritmos de decisión terapéutica es lo que más dudas despierta sobre su base legal. Como explica Fernando Abellán, experto en Derecho farmacéutico, «va más allá de una medida racionalizador e incide en el núcleo básico de la libertad de prescripción, que es una parte del derecho al libre ejercicio de la profesión médica». Y se puede cuestionar porque la norma afirma que incluyen «directrices clínicas y principios activos». «Llevado este asunto a un extremo, no harían falta ni médicos ni farmacéuticos para atender a los pacientes, sino funcionarios que aplicaran el algoritmo», añade.
Carlos Fluixá, de la sociedad de médicos de familia de Valencia (Semfyc), aunque ve lógico «que se quiera racionalizar la prescripción, eliminado aquéllas que no justifiquen su eficacia», sólo se garantizaría la libertad de prescripción con «la participación de las sociedades científicas en la aplicación del algoritmo».
Para Ángel Vives, presidente de FEFE en Alicante, y según los estudios preliminares, «el decreto tiene visos de inconstitucionalidad al vulnerar el principio de igualdad». Así, «los valencianos tendrían un acceso a los medicamentos condicionado, menor, respecto al resto de España, por criterios de coste-eficacia».
CAPACIDAD NEGOCIADORA
La concertación individual es otro aspecto cuestionable que debilitaría a la farmacia ya que los COF han dejado de ser el único interlocutor ante la Administración. Para Fernando Grande, farmacéutico y abogado, ésta «tiene toda la capacidad de negociación». «Si no hay acuerdo con los COF, prevé el concierto individual o colectivo con boticas», añade. El director de la consultora Audifarma, Juan Jesús Sánchez, aclara que «la Agencia Valenciana de Salud podrá, en situaciones de excepcionalidad o urgencia, como puedan ser las huelgas, concertar de forma selectiva con un número de farmacias abiertas al público». A su juicio, el riesgo está en que esta media «pueda dividir al sector».
COMPETENCIA DESLEAL
Relacionado con el suministro directo en los centros sanitarios, los expertos ven una posible práctica de competencia desleal con la farmacia derivado del pago de la aportación del usuario. El decreto establece una diferencia básica: mientras que en la botica el pago del medicamento se hace en el acto, «en los centros de salud el paciente facilitará un número de cuenta bancaria donde se realizará el cargo en el plazo máximo de un año», explica Sánchez.
Esto, como apunta Grande, «puede suponer una competencia desleal para la farmacia», además de que «no se aclara quién controlará que lo que retiren en estos centros no tenga interacciones para el paciente».
Fuente: Correo Farmacéutico (España)