Un grupo de expertos de la Asociación de Economía de la Salud (AES) ha presentado este jueves en Madrid el documento La sanidad pública ante la crisis. Recomendaciones para una actuación pública sensata y responsable, en el que proponen una serie de actuaciones para que el Sistema Nacional de Salud (SNS) pueda hacer frente a la coyuntura económica actual garantizando simultáneamente la eficiencia, equidad y solvencia de la sanidad pública.

MANUEL F. BUSTELO | manuel.bustelo@correofarmaceutico.com | 03/11/2011 00:00

Ante los recortes indiscriminados de las retribuciones, el número de empleados o la actividad sanitaria que están experimentando algunas Comunidades Autónomas, señalan que ha de partirse de la idea de efectividad clínica, y apuntan a que el ajuste presupuestario en sanidad debe evolucionar hacia una financiación selectiva de las prestaciones médicas, los medicamentos y las tecnologías.

Para ello, proponen «desinvertir» en todo aquello que «no añada salud ni valor clínico»; es decir, dejar de financiar parcial o completamente medicamentos, dispositivos, aparatos, procedimientos o servicios que aporten un escaso valor clínico. Para llevar a cabo esta actuación según la evidencia científica, sugieren que se siga el ejemplo del National Institute for Health and Cilinical Excellence (NICE) británico, con una agencia evaluadora española de ámbito estatal, con autonomía de gestión y distanciada de los Gobiernos central y autonómicos.

UNA CLAVE: PRIORIZAR

Entre los primeros pasos plantean una nueva gestión transparente de las listas de espera, basada en establecer mecanismos de priorización en función de la gravedad del paciente y de los beneficios esperados de la actuación clínica. Indican, asimismo, que debe modificarse el actual copago farmacéutico, por ineficiente e inequitativo, eliminando la arbitraria distinción entre activos y pensionistas, para evolucionar hacia un sistema basado en la renta, pero con factores correctores que permitan mejorar la equidad del actual sistema como serían la fijación límites máximos de contribución anual, exención total de las rentas más bajas y condiciones especiales en los casos de enfermedad crónica o multipatología.

Con respecto a las condiciones laborales de los profesionales sanitarios abundan en una progresiva y no traumática desfuncionarización de la actividad profesional, con un mayor peso de las retribuciones variables ligadas a objetivos y proponen asimismo evitar los pagos por acto en el caso de los asalariados (las llamadas «peonadas»). En el caso de la atención primaria indican la necesidad de reorientar la estructura actual hacia un modelo de agrupación de profesionales de la salud que asuman riesgos económicos derivados de su mayor o menor eficiencia. Igualmente, aluden a la necesidad de permeabilizar las especialidades médicas para promover la colaboración entre ellas.

Apuestan, asimismo, por desvincular los puestos gerenciales y de alta dirección de los «botines electorales» y profesionalizar dichos puestos a través de concursos de concurrencia y evaluación periódica del desempeño. En el ámbito general de los profesionales, también señalan la necesidad de corregir el actual manejo de los conflictos de intereses con aplicación meticulosa de las incompatibilidades, y con exigencia estricta del cumplimiento de las obligaciones contractuales de todos los empleados públicos.

MIRAR MÁS HACIA EL CRÓNICO

Asimismo, en las actuaciones señaladas, se subraya la necesidad de avanzar hacia la gestión eficiente de los pacientes crónicos, frágiles y terminales, lo que exige cambios en la estructura organizativa de la red sanitaria, potenciando estrategias de enlace entre atención primaria y especializada, desarrollando nuevos servicios de gestión de casos, y creando redes hospitalarias con centros nodriza y sub-regionales perfectamente coordinados. También destacan la urgencia de vincular de manera real la asistencia sanitaria a la Salud Pública (políticas colectivas de reducción de riesgos ambientales, laborales, escolares, viales, nutricionales, de hábitos personales, etc.).

Desde su punto de vista, deben reformarse los órganos de gobierno del SNS, evitando la duplicación de estructuras y esfuerzos, para lo que convendría articular consensos entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en algún organismo de carácter técnico con representación paritaria de los Servicios Regionales de Salud. Por otra parte, señalan que es necesario redefinir el papel de la iniciativa privada pero, para ello, subrayan la necesidad de que previamente exista una evaluación independiente y despolitizada.

Los expertos firmantes del documento consideran que las propuestas detalladas, dada la coyuntura económica actual, «son inaplazables». En su opinión, «sólo una reestructuración de la sanidad pública en las direcciones apuntadas, puede evitar que los recortes presupuestarios conduzcan inevitablemente a una erosión del SNS y a una pérdida en la calidad asistencial».

Fuente: Economistas de la Salud