La capacidad de endeudamiento de las farmacias es muy limitada. Se puede calcular con poco margen de error que el impago de dos mensualidades sitúa al 60% de las farmacias en riesgo; tres meses de impago es inabordable por la práctica totalidad de las farmacias. El retraso en el pago a proveedores puede llegar a 120 días con un alto coste financiero.

Ante los retrasos anunciados en el pago en distintas comunidades autónomas es de prever un importante desabastecimiento, o incluso algunas farmacias tendrán que entrar en Concurso de Acreedores. En ningún caso se está barajando la posibilidad de dejar de dispensar voluntariamente las recetas del Sistema Nacional de Salud o tratar de cobrar su importe a los beneficiarios. Las farmacias pagarán prioritariamente las nóminas, los seguros sociales, los impuestos y aquellas cantidades que sean imprescindibles para su supervivencia, pero el pago a proveedores puede verse afectado. Con todo, el problema principal es de carácter sanitario y social, por lo que el nuevo Gobierno tiene que tomar importantes decisiones antes de fin de año para que no llegue a producirse la quiebra del sistema. El aval del Estado solicitado al Gobierno por FEFE y reclamado también por Farmaindustria se perfila como la mejor, y quizá la única solución, en esta crisis.