La nueva ley de producción pública es una norma que puede tener múltiples efectos positivos para el equipo de salud (integrado por farmacéuticos, bioquímico, médicos, etc) y por supuesto, para nuestra comunidad.

Recordemos que todavía es una norma que debe ser reglamentada y queremos ser parte de los actores que trabajen en ese tema para que sea una norma de real aplicación y que respete el espíritu de la Ley.

Si todo eso sucede, la nueva ley puede ser una herramienta para mejorar el acceso de la población a su medicamento, sobre todo a través de  los centros de salud pública.

Por otro lado le permitirá al estado una optimización del presupuesto asignado a los medicamentos, ya que podrá utilizar la capacidad instalada para producirlos y abastecer a estos centros de salud pública y programas como REMEDIAR.
Nuestro país cuenta con una Red de laboratorios de producción pública de medicamentos que va creciendo lentamente en varias provincias.

Incluso hay experiencias muy interesantes como el convenio que firmó la Ministra Nilda Garré cuando estaba en la cartera de Defensa con el Ministerio de Salud de la Nación para producir medicamentos.
Hay muchas alternativas para promover esta política de soberanía e independencia económica y desarrollo nacional.

Al abastecer a sus centros de salud con lo que producen estos laboratorios, el Estado fortalecerá la infraestructura de esta red con nuevos ingresos y el ahorro que se logre en el presupuesto podrá ser reasignado a este sector generando nuevos puestos de trabajo para farmacéuticos, bioquímicos, ingenieros, etc.

Basta conocer la experiencia de los productores de medicamentos puntanos o santafecinos para entender que el incremento de la producción produce réditos económicos y profesionales. Entonces, además de sustentabilidad podemos lograr mayor experiencia y conocimiento sobre el tema.

Nuestro país no se destaca por la investigación y desarrollo en este sector, no por falta de talento o de capacitación, los colegas que perfilan sus carreras en este sentido encuentran lugares de trabajo en el sector privado o en la docencia, pero rara vez en un sector de I+D. Por otro lado la Industria Farmacéutica nacional que goza de muy buena salud y gran prestigio, no sólo en nuestro país, no ha necesitado realizar grandes inversiones dirigidos a la investigación y ha priorizado la producción y proyección de sus productos, por eso las novedades terapéuticas vienen de afuera. Por ahora.

Hay algunos factores más que debemos tener en cuenta, cuando hablamos del impacto positivo de esta norma: la transparencia en al gestión.

Los medicamentos se han convertido en un tema muy sensible para nuestra sociedad, sobre todo después de los escándalos mediáticos que hablan de mafias, robos, ventas y sobreprecios en algunas obras sociales o bancos de drogas.

Creemos que el Estado puede seguir abasteciéndose de la producción privada para complementar lo que necesita para cubrir las demandas de medicamentos de sus ciudadanos. Pero hay una demanda básica, bien diferenciada, que puede ser provista por los efectores públicos con los beneficios que mencioné.

RESPECTO A LA ACCESIBILIDAD DEL MEDICAMENTO

Desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires apoyamos la producción publica de medicamentos como parte de las medidas dirigidas a brindar soluciones a la población con menos recursos y que les permita acceder a los medicamentos de igual calidad que los que más tienen.

Pero es de suma necesidad que la nueva norma se realice dentro del marco legal que rige en nuestra provincia para no crear nuevas brechas que utilicen como beneficio quienes trafican medicamentos.

Nuestra constitución establece en su artículo 36 que la Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, A tal fin reconoce como  derecho social (Inc.8) el derecho a la Salud.

Hay más, el medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud y  la Provincia a los fines de su seguridad, eficacia y disponibilidad asegura, en el ámbito de sus atribuciones, debe exigir la participación de profesionales competentes en su proceso de producción y comercialización.

Esta Ley podría cristalizar lo que ya está plasmado en nuestra Constitución y se efectúa con algunos desaciertos desde los centros de salud pública.

Hay mucha más información que destaca la importancia de esta iniciativa, se puede consultar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ver el lugar que ocupa este tema.

Ahora veamos el acceso real al medicamento. Hoy nuestra provincia cuenta con una red de farmacias para la dispensa de medicamentos, son 4500 Farmacias Provinciales:
137 son Farmacias de Obras Sociales, Mutuales y Sindicales
4208 son Farmacias Comunitarias Privadas
154 Farmacias de  Hospitales Municipales y Provinciales.

La red de farmacias debe ser entendida como un servicio integrado por los sectores público y privado. Por ende ninguna dispensa del medicamento puede ser realizada sin la presencia de un farmacéutico o fuera de esta red de farmacias que abarca todas las áreas posibles donde se dispense un medicamento.

Lo dice claramente la ley que regula el medicamento en nuestra provincia.
No hay razón que lo justifique, salvo la razón que usa el mercado sobre la libertad de comerciar cualquier bien como si su consumo fuera inocuo y mas aun el Estado puede contar con esta red  en situaciones de emergencia.

Hoy no existe una situación extraordinaria que justifique la ausencia del profesional experto en medicamentos. Mejor aún, hoy tenemos una nueva normativa que puede ir en ese sentido. La producción publica de medicamentos a gran escala y con respaldo de esta nueva ley, es una nueva oportunidad para revalidar el equipo de salud y consolidar políticas sanitarias más equitativas.