El pasado 29 de abril nos anoticiábamos de la decisión unilateral del PAMI de rescindir el convenio vigente entre la mencionada Obra Social de los jubilados y la industria farmacéutica. Desde esa fecha y hasta 60 días posteriores el convenio podía ser renegociado de lo contrario quedaría sin efecto el 29 de junio.

Como es de público conocimiento los días de negociaciones pasaron rápidamente entre reuniones y más reuniones donde al sector farmacéutico no se le permitió participar. Sin embargo, cuando las horas ya iban en cuenta regresiva para que el vínculo quede sin efecto el jueves 28 de junio se conoció la noticia de que ambos sectores habían llegado a un acuerdo para continuar con la mencionada relación contractual sin modificaciones importantes.

Es decir tuvieron 59 días de negociaciones donde 5 millones de jubilados y  12 mil farmacias de todo el país vivieron entre la incertidumbre de no saber qué iba a suceder con las prestaciones, pagos, modalidades de dispensa, entre otros.

Numerosos interrogantes nos quedan resonando luego de que este “arreglo” de último momento donde por sobretodo nos preguntamos – aunque la respuesta sea obvia- si los “responsables” de este convenio piensan más allá de sus intereses políticos y económicos.

Lo destacado

Entre los puntos que el PAMI enarbola como los importantes de este acuerdo, se menciona una baja en el valor de las prestaciones y más controles para evitar gastos irregulares, como así también la garantía de atención de los afiliados hasta el último día de marzo del 2018.

Según trascendió, el “nuevo convenio” (Ver Link) respeta el formato establecido en enero de 2017 con algunos cambios en el segmento de Medicamentos Oncológicos y tratamientos especiales (Medicamentos Ambulatorios e Insulinas y Tiras Reactivas). En líneas generales, esto implica un sistema de recupero de medicamentos de Alto Costo que no sean retirados de las farmacias por los afiliados. En este contexto, cabe destacar que se gastan unos 150 millones de pesos mensuales en medicamentos que no son retirados de farmacias y que el Instituto pierde 40 mil pesos cada vez que no se retira un remedio oncológico.

Es importante mencionar que estas medidas permitirán que PAMI pueda lograr una mayor eficiencia en el gasto en medicamentos –que implica el 33% del presupuesto del organismo-, lo que significará, en lo inmediato, un ahorro de 290 millones de pesos por mes cuando tiene un déficit anual de unos 900 millones de pesos.

Por último, del convenio se desprende que el PAMI pagará 2.400 millones de pesos mensuales a la industria por la prestación, si se supera ese monto el excedente se abonara en cuotas por un sistema denominado «puente financiero».

Sin ver la cuestión de fondo

Desde esta filial consideramos que una vez más este convenio no trae mayores cambios, sobre todo porque no se producen modificaciones que puedan generar condiciones de sustentabilidad para las farmacias como desde hace años venimos reclamando. Consideramos que es necesaria una revisión a las altas bonificaciones actuales y un cronograma claro de pagos.

Sabemos que desde hace 15 años el acuerdo PAMI-Industria pone en riesgo la viabilidad económica de las farmacias; produce una gran concentración del trabajo en pocas manos; avasalla las incumbencias profesionales y las leyes que rigen el ejercicio profesional; sobre todo porque se negocia con la Industria que es quien produce, pone precio, vende, audita y paga a las farmacias por la dispensa a los afiliados. Es decir que el gobierno no ejerce un control real sobre el precio de los medicamentos y propicia que sigamos siendo rehenes de la Industria.