El panel de disertantes en la Jornada: (de izq. a der.) Dip. Gastón Harispe (FpV), Dr. Jorge Rachid (Prod. Pública), Farm. Raúl Mascaró (CoFA), Dr. Rubén Torres (ISALUD), Nicolás Santander (CAPGEN), Dip. Gloria Bidegain (FpV), Dip. Andrea García (FpV), Dip. Luis Raimundi (Nuevo Encuentro), Farm. Isabel Reinoso (CFPBA), Dip. Carolina Gaillard (FpV).
De acuerdo a la documentación que aportaron los convocantes, el texto planteado por la Diputada, es el que se propuso en el proyecto de ley original en 2002, pero que al momento de su sanción fuera cambiado por presión de los laboratorios, agregándose la facultad que hoy se quiere eliminar.
Los legisladores coincidieron en la importancia que tuvo la norma, en la necesidad de garantizar el acceso al medicamento y en aplicar un control de precios en beneficio de la población.
Reconocen que en la práctica, y por cuestiones diversas, la mayoría de los médicos de obras sociales prescriben la marca comercial y solo alternativamente el nombre genérico, además conocen la presión de los laboratorios y sus prácticas comerciales.
Sin embargo, lo interesante del encuentro es poder rescatar las diferentes necesidades que existen en cada uno de los sectores que apoyan la ley y sobre todo, este proyecto.
Mientras los legisladores defendieron la accesibilidad y la tutela del Estado, otra voces como las autoridades farmacéuticas, exigieron que se reconozca la importancia de la red de farmacias para lograr esa accesibilidad, que se hagan cumplir las leyes vigentes, que también se trabaje para alcanzar la universalidad de los convenios para todas las farmacias, que se fiscalice la cadena de comercialización, que los medicamentos de alto costo pasen por la farmacia y que se reconozca el trabajo profesional de los farmacéuticos y su participación en medidas como la Trazabilidad.
Finalmente el rector de ISALUD, el Dr. Rubén Torres, señaló que de acuerdo a los estudios estadísticos que realizan en esa casa universitaria, lo que ha disminuido no es la prescripción por nombre genérico, si no la sustitución, en gran parte debido a las prácticas de «(des)incentivación» que aplica la Industria Farmacéutica en la administración de los convenios, mediante la dilación de pagos, por ejemplo.
También recordó el impacto que tuvo la Ley de Prescripción por nombre genérico en 2002, que hizo bajar los precios del medicamento radicalmente, para luego ir recuperando terrenos a partir del 2006.
Como se podrá ver, los intereses o las necesidades alrededor de la misma norma difieren notablemente, aunque en algunos casos se vuelven necesidades accesorias o suplementarias.
Ese quizás haya sido el mayor valor de esta Jornada.
Este y otros encuentros son los espacios para seguir cuestionando las decisiones unilaterales de los laboratorios como administradores de los convenios (como PAMI), en los que se «castiga» la sustitución a través de diferentes mecanismos, algunos dilatorios de los pagos o a través de débitos al farmacéutico o simplemente cobrando un arancel por «cuestiones administrativas» a los laboratorios generistas.
Para nuestra filial se trata de una oportunidad para recuperar el espacio ganado a comienzos de la década pasada con la sanción de la «Ley de prescripción por nombre genérico» y fortalecer el trabajo que los platenses hemos llevado adelante desde hace muchos años: promover la sustitución de acuerdo a nuestras incumbencias y fortalecer nuestra práctica profesional, la sustentabilidad de nuestras farmacias y los derechos ciudadanos.
Por esa razón la Comisión de Asuntos Regulatorios del CFLP ha trabajado para enriquecer el art. 2 en un documento enviado a la legisladora.
Hace años venimos trabajando con la UNLP en los estudios de Equivalencia Farmacéutica y ofreciendo a nuestros colegas información sobre más de 260 especialidades ya analizadas que les permita trabajar con seguridad a la hora de ofrecer alternativas a sus pacientes.
El encuentro con los legisladores de la Nación fue oportuno efectuar el cuestionamiento al convenio PAMI/Medicamentos que no nos permite sustituir marcas y que eleva el gasto en la salud tanto para el Estado, como a los pacientes. Es una iniciativa que nos compromete a seguir trabajando para el perfeccionamiento de esta ley vigente.